¿Juzgar a Bashar al-Assad?

Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada por la Conferencia de Roma, convocada por la ONU ‎en 1988. Por supuesto, el objetivo no era crear un supra-tribunal para juzgar gente en nombre ‎de la humanidad reemplazando a los Estados de la ONU sino disponer de una herramienta que ‎permitiera juzgar criminales después de una guerra, cuando las instituciones de los países ‎interesados se hallan debilitadas o han sido destruidas por el conflicto. ‎

Los estatutos de la CPI subrayan por eso que para poder hacerse cargo de un caso esa instancia ‎de justicia internacional tienen que contar con el consentimiento de la justicia local. Pero esos ‎estatutos también prevén que la CPI:

- puede juzgar un crimen cometido por un ciudadano de un país que no sea miembro de la CPI, en ‎un país miembro de la CPI y en lugar de ese país;
- así como todo crimen cometido por cualquier persona, en cualquier lugar, cuando el Consejo de ‎Seguridad de la ONU le presenta el caso. ‎

En ambos casos, el Estatuto de Roma, elaborado en el seno de la ONU y firmado por algunos ‎Estados, puede aplicarse a todos los Estados, incluso a los Estados no comprometidos con ‎la CPI. ‎

Es por esa razón que las 3 principales potencias mundiales –China, Estados Unidos y Rusia– ‎se niegan a ratificar el Estatuto de creación de la CPI. Lo ven –con toda razón– como una ‎violación del principio de soberanía, formulado en el siglo XVIII por el jurista Emer de Vattel y ‎consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969.‎

En septiembre de 2018, la CPI declaró poder hacerse de una denuncia contra las autoridades de ‎Myanmar, aunque ese país no es firmante del Estatuto de Roma, alegando que esas autoridades ‎habían cometido atrocidades que provocaron el éxodo de los rohinyas. La CPI estima que tiene ‎competencia sobre el asunto porque las víctimas huyeron a Bangladesh, país que sí es firmante ‎del Estatuto de Roma.‎

Hermandad Musulmana

Siguiendo ese esquema, una familia de miembros de la Hermandad Musulmana acaba de presentar ‎una denuncia contra el presidente Bachar al-Assad y varios responsable sirios, a pesar de que la ‎República Árabe Siria no es firmante del Estatuto de Roma. La familia en cuestión afirma haber ‎sido testigo de diversas atrocidades y haberse visto obligada a huir a Jordania. Lógicamente, la CPI ‎debería declararse competente ya que Jordania es firmante del Estatuto de Roma, pero, ‎al mismo tiempo, la CPI tendría que pasar por alto el hecho que la Hermandad Musulmana es la ‎matriz del terrorismo islámico y que está clasificada como organización terrorista en numerosos ‎países, incluyendo países miembros de la propia CPI. ‎

También está el hecho que, el 22 de mayo de 2014, cuando las potencias occidentales y sus ‎aliados del Golfo Arábigo-Pérsico intentaron que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitara ‎que la CPI se ocupara de los acontecimientos en Siria, China y Rusia vetaron el proyecto en ese ‎sentido.‎

El hecho es que la CPI está adquiriendo una autonomía. Ya no se plantea sólo ayudar los Estados ‎a hacer justicia sino que se autoproclama defensora de la humanidad frente a los Estados. ‎

Es necesario que se entienda bien lo que está sucediendo. Durante los últimos años, la CPI ha ‎sido financiado principalmente por la Unión Europea y ha redactado por sí misma su propio ‎‎Código. Hasta 2016, sólo juzgó acusados africanos, siguiendo sus propias leyes, y los condenó a ‎todos. Burundi decidió retirarse del Estatuto de Roma, después de una ‎votación en ese sentido en su parlamento, señalando que la CPI se ha convertido en «un ‎instrumento de presión contra los gobiernos de los países pobres o un medio de desestabilizarlos ‎en manos de las grandes potencias». Otros 3 Estados –Gambia, Filipinas y Sudáfrica– siguieron el ‎ejemplo de Burundi. Pero Sudáfrica y Gambia cambiaron de opinión después de la nominación de ‎la nueva fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, de Gambia. ‎

No por eso deja de ser cierto que, hasta el momento de la nominación de Fatou Bensouda, la CPI ‎no ofrecía ninguna de las garantías que se esperan de una instancia penal imparcial. ‎

Luis Moreno Ocampo

Por ejemplo, en el momento de la agresión contra Libia desatada por la OTAN –agresión ‎violatoria del mandato extendido por el Consejo de Seguridad de la ONU–, las «pruebas» que el ‎fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, había reunido para inculpar al líder ‎libio Muammar el-Kadhafi, a su hijo Saif al-Islam Kadhafi y a su yerno Abdala al-Senoussi, eran ‎sólo recortes de periódicos publicados en los países que participaban en la agresión. Peor aún, ‎cuando la OTAN bombardeó Trípoli, el fiscal Moreno Ocampo declaró que Saif al-Islam había sido ‎arrestado por los occidentales y que él estaba organizando su traslado a La Haya. Aquello era ‎una mentira descarada destinada a desmoralizar a los libios para que no opusieran resistencia a ‎la agresión de la OTAN. En realidad, Saif al-Islam estaba a salvo en el refugio subterráneo del ‎hotel Rixos, donde yo mismo me encontraba. ‎

Ese mismo fiscal general, Luis Moreno Ocampo, violó a una periodista en su oficina de la sede de ‎la CPI y si escapó a la justicia fue porque gozaba de inmunidad como fiscal internacional. Era además un corrupto que cobró sobornos por acusar a personalidades para ‎sacarlas del camino. Las cuentas bancarias secretas del ‎fiscal Moreno Ocampo salieron a la luz posteriormente durante la realización de investigaciones ‎periodísticas en Panamá y en Islas Vírgenes. A pesar de todo lo anterior, la “justicia” ‎nunca se ha interesado por el caso de Luis Moreno Ocampo.‎

Aunque su sucesora, Fatou Bensouda, es más presentable, la estructura de la CPI sigue siendo ‎la misma. Los magistrados que la componen están tan conscientes de eso que el 15 de enero ‎de 2019 se rebelaron y absolvieron a Laurent Gbagbo y a Charles Blé Goudé, dos acusados cuyos ‎supuestos «crímenes contra la humanidad» habían servido para justificar el «cambio de ‎régimen» impuesto por Francia en Costa de Marfil. Es la primera vez que la CPI se aparta del ‎papel que los europeos le han asignado. ‎

El 29 de julio de 2015, las potencias occidentales trataron de imponer en el Consejo de Seguridad ‎una resolución que quitaba a la justicia ucraniana el caso del derribo del vuelo MH17 y ‎lo transfería a la CPI. El objetivo era preparar una acusación contra el presidente ruso Vladimir ‎Putin, aunque Rusia no es firmante del Estatuto de Roma. Lo importante no era aclarar quién ‎derribó aquel avión sino utilizar la justicia penal internacional con fines políticos. Rusia veto aquel ‎proyecto de resolución occidental. ‎

Ahora es el presidente sirio Bachar al-Assad quien sería juzgado por la CPI, así como otros ‎responsables sirios cuyos nombres todavía no se han dado a conocer.

No es la primera vez que ‎el presidente sirio es blanco de ese tipo de maniobra. En 2005 fue acusado de haber ordenado el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, supuestamente con la complicidad del ‎presidente libanés Emile Lahoud. Se abrió entonces una investigación, realizada por un equipo ‎germano-israelí. Luego ‎se creó un falso tribunal, por iniciativa del entonces embajador de Estados Unidos en Beirut, ‎Jeffrey Feltman. El secretario general llegó a firmar –con la aprobación del Consejo ‎de Seguridad– un tratado con el nuevo primer ministro libanés, documento que este último firmó ‎sin haber sido autorizado por el gobierno ni el parlamento libaneses. ‎

Detlev Mehlis

En aquella época, las potencias occidentales habían llegado a convencerse de la culpabilidad ‎de Assad. Pero al cabo de un año de acusaciones cada vez más fuertes, el fiscal Detlev Mehlis –‎a cargo de la investigación– dimitía en medio de un gravísimo escándalo: los testigos que ‎sustentaban sus acusaciones eran impostores a sueldo de sus aliados occidentales. Hoy en día, ‎el Tribunal Especial para el Líbano prosigue su trabajo sucio, acusando ahora al Hezbollah, ‎precisamente la organización que rebeló las grabaciones de un drone israelí que sobrevolaba el ‎lugar del crimen. El Tribunal Especial para el Líbano también se obstina aún en defender la tesis ‎según la cual Rafic Hariri fue asesinado con el uso de un coche-bomba, a pesar de que los datos ‎medico legales recogidos son categóricos: es imposible. Con tal de defender esa teoría, el Tribunal Especial ‎para el Líbano gastó millones en la reconstrucción del crimen… inútilmente, así que ahora trabaja ‎sobre una tesis de la cual todo el mundo sabe que es falsa.‎

La República Árabe Siria ha luchado durante 8 años para preservar su soberanía y no es probable ‎que sus dirigentes vayan a La Haya. Pero sí puede cuestionar legalmente la validez del proceso. ‎

Basta con precisar que su iniciador es el abogado británico de los demandantes, Rodney Dixon, quien ‎también sirve de abogado a Qatar en contra de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. ‎Este letrado británico, conocido por servir también de abogado a Qatar contra Arabia ‎Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tiene una larga experiencia con la «justicia internacial» ‎ya que fue consejero de la canadiense Louise Arbour, la fiscal general del Tribunal Penal ‎Internacional para la ex Yugoslavia y del que se creó para Ruanda, dos entidades que fracasaron ‎en aclarar los crímenes de los que debían ocuparse. ‎

Rodney Dixon

Rodney Dixon ya anunció su intención de acusar a los dirigentes sirios de «crímenes contra la ‎humanidad» basándose en el Informe César, documento divulgado por Qatar, a través del gabinete londinense Carter-Ruck, el 20 ‎de enero de 2014, justo 2 días antes del inicio de las negociaciones para la paz en Siria, ‎denominadas Ginebra 2. ‎

El Informe César contiene 55 000 fotografías de personas torturadas, imágenes supuestamente ‎tomadas por un fotógrafo del Ejército Árabe Sirio. Según los acusadores serían fotos de víctimas ‎del ‎«régimen». Pero, según el gobierno sirio, son fotos de víctimas de los yihadistas. Ese ‎‎“informe” fue autentificado en contra de Siria por 3 fiscales internacionales que arrastran un ‎historial muy sucio ya que trabajaron en la Corte Especial para Sierra Leona y el Tribunal ‎Penal para la ex Yugoslavia.

Esos personajes son:‎

Desmond Lorenz

- Sir Desmond Lorenz de Silva, autor –por encargo de un primer ministro británico– de un informe ‎sobre la muerte de un abogado irlandés. Su informe, que la familia de la víctima calificó de ‎‎«vergüenza»‎, reconocía la responsabilidad de las autoridades pero escamoteaba las pruebas ‎contra la Corona británica.

Sir Geoffrey Nice

- Sir Geoffrey Nice, quien procesó durante 2 años a Slobodan Milosevic sin lograr aportar ‎prueba alguna sobre los crímenes contra la humanidad que imputaba al dirigente yugoslavo. ‎El proceso fue cerrado debido al fallecimiento de Milosevic. Rusia denunció que Milosevic fue ‎asesinado en su celda del tribunal penal, en La Haya.

David M. Crane

- David M. Crane, un ex responsable de la CIA y de la DIA. Desde el inicio de la ‎guerra contra Siria, David M. Crane dirige un programa enfocado a lograr que Bachar al-Assad sea ‎procesado en cualquier corte especial internacional y por cualquier cosa. ‎

En septiembre de 2012 –aplicando una idea del embajador estadounidense Jeffrey Feltman, ‎convertido entonces en asistente de la secretaria de Estado Hillary Clinton–, el Departamento de ‎Estado creó una asociación llamada Syria Justice and Accountability Centre (SJAC), encargada de ‎recolectar pruebas de los crímenes del gobierno sirio. El Departamento de Estado financiaba esa ‎asociación con 5 millones de dólares anuales y los países del grupo llamado ‎«Amigos de Siria»‎ ‎le aportaban más dinero. Dos años después de su creación, Washington renunció a aquella ‎herramienta. Sin embargo, al ser nombrado director del Asuntos Políticos en la ONU, Jeffrey ‎Feltman revivió el SJAC, pero con fondos europeos. ‎

Hoy por hoy, no existe ningún tipo de control sobre la CPI, ni siquiera a pesar de que esa ‎instancia ha tenido un criminal corrupto como fiscal general. Esa “Corte” está exclusivamente al ‎servicio de quien le paga: la Unión Europea. ‎

En el pasado, la guerra se consideraba una manera de conquistar o de defenderse. Hoy fingimos ‎creer que es un acto ilegal per se, incluso cuando se trata de legítima defensa. Y quien decide ‎hacer la guerra prefiere no declararla sino inventar, a posteriori, pruebas de que tuvo que ‎cometer el acto ilegal que es la guerra porque tenía que defender el Bien. Es lo que ‎los vencedores siempre tratan de hacernos creer. ‎

Compartir

Deja un comentario

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*